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¿Te han sancionado durante el estado de alarma?

El pasado 14 de marzo de 2020 se publicó en el Boletín Oficial del Estado, el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Esta norma establece una limitación de la libertad de circulación de las personas, así como la suspensión de apertura al público de los locales y establecimientos minoristas.


El Ministerio del Interior ha circulado un documento para unificar el criterio de las sanciones y la cuantía de las multas que, según el mismo, se propondrán desde 601 euros a 10.400 euros, en función de la conducta y las circunstancias concurrentes en cada caso, pudiendo acumularse distintas sanciones en función de los hechos concretos.

Por poner un ejemplo, según el documento citado, se propone una sanción de 601 euros por desplazamiento no autorizado y una sanción de 1.500 euros cuando el desplazamiento no autorizado es a la segunda residencia. Si hubiera conducta inapropiada del infractor, se propone una sanción de 2.000 euros por menosprecio al agente de la autoridad, o de 3.000 euros por intimidación, cuando no constituya infracción penal, o de 10.400 euros por violencia.

Las infracciones por las que se propone sancionar en dicho documento vienen contempladas en la Ley de Seguridad Ciudadana, Ley de Salud Pública y la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil. Sin embargo, existen numerosas cuestiones jurídicas sobre la imposición de este tipo de sanciones que no quedan claras y que seguramente generarán numerosas alegaciones y recursos, sobre todo teniendo en cuenta el elevadísimo número de sanciones que se están imponiendo y el elevado importe de alguna de ellas.

De hecho, el pasado 2 de abril de 2020, la Abogacía General del Estado ha evacuado una consulta sobre la tipificación y competencia administrativa para tramitar y resolver procedimientos sancionadores por incumplimiento de las limitaciones impuestas durante el estado de alarma, donde se abordan algunas cuestiones jurídicas en las que existen posiciones dirimentes.

Para la imposición de este tipo de sanciones también se deberán respetar los derechos y garantías de los administrados, así como los principios aplicables al procedimiento administrativo sancionador. Y los administrados tendrán derecho a alegar y, en su caso, a recurrir las resoluciones que se dicten en el procedimiento.