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Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social

El Real Decreto-ley, que ha sido publicado en el BOE del pasado 28 de febrero de 2015, viene a modificar la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (en materia de “segunda oportunidad” y  de “acuerdo extrajudicial de pagos” así como de los artículos 92, 93.2 y 94 de la LC); el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos; la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social; la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio; la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad; la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades; la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo y la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Asimismo, modifica en su artículo 8 el mínimo exento de cotización a la Seguridad Social para favorecer la creación de empleo indefinido y en su artículo 9 el número mínimo de jornadas reales cotizadas necesarias para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria en favor de los trabajadores eventuales agrarios de las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura, afectados por el descenso de producción del olivar como consecuencia de la sequía.

Una de las novedades más importantes que afecta a la Administración de Justicia es la modificación del art. 4 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre. En este sentido, el citado Real Decreto-Ley, establece las siguientes exenciones objetivas de la tasa judicial:

a) La interposición de demanda y la presentación de ulteriores recursos cuando se trate de los procedimientos especialmente establecidos para la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas, así como contra la actuación de la Administración electoral.
b) La solicitud de concurso voluntario por el deudor.
c) La presentación de petición inicial del procedimiento monitorio y la demanda de juicio verbal en reclamación de cantidad cuando la cuantía de las mismas no supere dos mil euros. No se aplicará esta exención cuando en estos procedimientos la pretensión ejercitada se funde en un documento que tenga el carácter de título ejecutivo extrajudicial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 517 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
d) La interposición de recursos contencioso-administrativos cuando se recurra en casos de silencio administrativo negativo o inactividad de la Administración.
e) La interposición de la demanda de ejecución de laudos dictados por las Juntas Arbitrales de Consumo.
f) Las acciones que, en interés de la masa del concurso y previa autorización del Juez de lo Mercantil, se interpongan por los administradores concursales.
g) Los procedimientos de división judicial de patrimonios, salvo en los supuestos en que se formule oposición o se suscite controversia sobre la inclusión o exclusión de bienes, devengando la tasa por el juicio verbal y por la cuantía que se discuta o la derivada de la impugnación del cuaderno particional a cargo del opositor, y si ambos se opusieren a cargo de cada uno por su respectiva cuantía.

Desde el punto de vista subjetivo, quedarán exentos de aplicación de la tasa:

a) Las personas físicas.
b) Las personas jurídicas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, acreditando que cumplen los requisitos para ello de acuerdo con su normativa reguladora.
c) El Ministerio Fiscal.
d) La Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos públicos dependientes de todas ellas.
e) Las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas

Adicionalmente, queda suprimido el párrafo segundo del art. 6.2 y el apartado 7.3 de la Ley 10/2012, habida cuenta de la exención del pago de la tasa a las personas físicas, y se modifica el apartado segundo del art. 7 de la mencionada Ley.

Por último, se añade un segundo párrafo al apartado primero del art. 8 de la Ley 10/2012 en el sentido de eximir de la obligación de presentar la autoliquidación de la tasa a los sujetos exentos ex art. 4.2 de la Ley 10/2012, esto es, a todas las personas físicas, a las jurídicas que se les haya reconocido el derecho a la asistencia gratuita, al Ministerio Fiscal, a las administraciones, y a las Cortes Generales y Asambleas Legislativas de las CCAA.