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Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas.

El pasado 10 de octubre fue publicado en el BOE el Real Decreto 876/2014, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas, el cual deroga el anterior Reglamento general para desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Con dicha promulgación se ha revisado el concepto de dominio público marítimo-terrestre que alcanza el espacio comprendido entre la línea de bajamar  escorada o máxima viva equinoccial y el límite hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos o, cuando lo supere, el de la línea de pleamar máxima viva equinoccial.

No obstante, no pasarán a formar parte del dominio público marítimo-terrestre aquellos terrenos que sean inundados artificial y controladamente, como consecuencia de obras o instalaciones realizadas al efecto, siempre que antes de la inundación no fueran de dominio público.

Asimismo, el citado reglamento considera dominio público marítimo-terrestre las playas o zonas de depósitos de materiales sueltos, tales como arenas, gravas y guijarros, incluyendo escarpes, bermas y las dunas, el mar territorial y las aguas interiores, los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental.

Cabe destacar por las consecuencias que ello acarrea en el litoral español, que el legislador introduce una definición técnica del término de duna. Además, se establece el régimen de utilización de las playas haciendo expresa mención a que éstas serán de acceso libre. En este sentido, el Reglamento diferencia entre tramo natural y urbano de las playas, permitiendo en los tramos urbanos la celebración de eventos de interés general con repercusión turística.

Se ordena la situación de los chiringuitos permitiendo la instalación de los que son desmontables en tramos naturales de hasta veinte metros cuadrados y una zona anexa de sillas y sombrillas de 30 metros cuadrados. En los casos de playas urbanas se permiten los  chiringuitos fijos con una superficie cerrada de hasta 150 metros cuadrados, además de las terrazas y los servicios.

Por otro lado, se fija un nuevo procedimiento de deslinde y se regula la intervención del Registro de la Propiedad y el Catastro en los deslindes. Concretamente, en aras a otorgar una mayor seguridad jurídica en el procedimiento, se hace obligatoria la inscripción en el Registro de la Propiedad de los bienes que forman parte del  dominio público marítimo-terrestre.

En lo que respecta a las concesiones, el concesionario tendrá derecho al uso privativo de los bienes objeto de concesión. El plazo de las concesiones será el establecido en el título correspondiente, si bien se establece un plazo máximo de 75 años para los usos  destinados a actuaciones ambientales, de 50 años para los que desempeñan una función o presten un servicio y de 30 años para los usos que presten un servicio público o al público que, por la configuración física del tramo de costa en que resulte necesario su emplazamiento, no puedan ubicarse en los terrenos colindantes con dicho dominio.

No obstante lo anterior, el título otorgado podrá fijar un plazo de duración inferior y prever, a su vez, prórrogas sucesivas. Importante señalar que la prórroga de las concesiones existentes queda sometida a un informe ambiental que determinará los efectos de la ocupación así como las condiciones. Adicionalmente, se permite la transmisión mortis causa e inter vivos previa autorización de las concesiones.

En lo que respecta a las de las concesiones otorgadas al amparo de la normativa anterior a la Ley 2/2013, de 29 de mayo, podrán ser prorrogadas igualmente a instancia de su titular hasta un máximo de 75 años.

Por otra parte, el Reglamento aludido incorpora regulaciones específicas para afrontar los efectos del cambio climático en el litoral, como la necesidad de evaluar los efectos de una subida del nivel del mar, la modificación de las direcciones de oleaje, los incrementos de altura de ola, etc., con anterioridad a la realización de una obra que implique ocupación del dominio público.

Estos son algunos de los aspectos más relevantes del nuevo texto normativo, que sin duda generará abundante casuística para los operadores jurídicos, dada su proyección en numerosos supuestos de actualidad.

Bárbara Morales Quintero

Abogada

PLLC-ABOGADOS