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Primeros pronunciamientos del Tribunal Supremo sobre la adecuación a Derecho del Real Decreto 1565/2010

El pasado 12 de abril de 2012, la Sala Tercera del Tribunal Supremo dictó Sentencia en el Recurso Contencioso-Administrativo número 40/2011, interpuesto por determinadas empresas del sector fotovoltaico contra el Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre, por el que se regulan y modifican determinados aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial.

La Sala desestimó el recurso, confirmando la adecuación a Derecho del citado Real Decreto, en un documento de 23 folios en el que se analizan los distintos razonamientos expuestos por las partes.

El debate procesal se centra en el apartado 10 del artículo primero del Real Decreto, que afecta a la retribución de las instalaciones fotovoltaicas productoras de energía eléctrica, modificando lo dispuesto al respecto en el Real Decreto 661/2007. El Real Decreto 661/2007 fue modificado con posterioridad a la interposición del Recurso, aunque ello no impidió que el Tribunal Supremo se pronunciara al respecto. No obstante, lo hizo teniendo en cuenta las modificaciones operadas.

De un lado, el Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico, volvió a modificar (mediante su Disposición final primera) el Real Decreto 661/2007, sustituyendo, para las instalaciones del grupo b.1.1, la referencia al plazo de los primeros 25 años por “los primeros 28 años”. Y de otro lado, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, en su Disposición final vigésimo cuarta, de nuevo modificó el Real Decreto 661/2007, esta vez ampliando a “los primeros 30 años”.

Entrando a los motivos de la desestimación, y sin ánimo de ser exhaustivos ni entrar en pormenores, se puede decir que la Sala Tercera entiende que el Real Decreto 1565/2010, no es una disposición que implique retroactividad de la que la jurisprudencia considera “prohibida” y no es contrario a los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima.

En primer lugar, la Sala menciona que la tarifa regulada no es más que una sola de las medidas de fomento adoptadas para implementar la inversión en instalaciones fotovoltaicas. Para analizar si se han vulnerado los citados principios, se deben contemplar todas las medidas de fomento en su conjunto.

En segundo lugar, afirma la Sentencia, los titulares de instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial no tienen un derecho inmodificable a que se mantenga inalterado el régimen económico que regula la percepción de sus retribuciones. Quien se acoge al régimen primado debe asumir los riesgos del marco regulatorio público. Si el escenario económico varía y deben realizarse ajustes en otros sectores productivos, también es razonable que se haga en el sector de las renovables.

En tercer lugar, la Sala opina que no es razonable pensar que el régimen primado establecido en el Real Decreto 661/2007 era infinito y que, implícitamente, se debía entender que era de 25 años. Al respecto, cita un informe de la CNE en el que se indica que la supresión de las tarifas de las instalaciones a partir del año 25 de su vida útil resulta coherente con la vida económica (amortización) y con la retribución que ha recibido hasta entonces.

En cuarto lugar, el Tribunal opina que se debe tener en cuenta también que el crecimiento de la potencia instalada experimentado por la tecnología solar fotovoltaica fue muy superior al esperado.

La limitación de la tarifa regulada o, en general, del régimen retributivo inicial con que había sido favorecido el conjunto del sector de energías renovables era previsible a la vista de las ulteriores circunstancias, económicas y técnicas, sobrevenidas después del año 2007, lo cual, a juicio de la Sala, basta para desvirtuar la apelación contra la confianza legítima.

A partir del fundamento de Derecho séptimo, la Sentencia aborda el resto de alegatos de los recurrentes, indicando que el Real Decreto 1565/2010 no vulnera la Ley del Sector Eléctrico, ni el Derecho Comunitario, ni el artículo 33.3 de la Constitución, ni supone una infracción del principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, ni vulnera los principios de igualdad ante la Ley y de no discriminación, ni el derecho a la tutela judicial efectiva.

Por todo lo expuesto, desestima el Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto contra el Real Decreto 1565/2010, dejando ver cuál será el criterio en el resto de Recursos que se vayan resolviendo al respecto.