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Nuevo Reglamento de Emisiones Industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación

El pasado 20 de octubre de 2013 entró en vigor el Real Decreto 815/2013 de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, modificada por la Ley 5/2013, de 11 de junio.

En sintonía con la Directiva 2010/75/UE, la cual pretende simplificar y agilizar los trámites administrativos en relación con la autorización ambiental, el nuevo Reglamento de emisiones industriales tiene como cometido minimizar las cargas administrativas y los procedimientos para la concesión o denegación de dicha autorización, sin menoscabo de la protección ambiental.

En este sentido, el citado Reglamento regula aquéllos aspectos encaminados a reducir la contaminación de las instalaciones enumeradas en el anejo 1 de la Ley 16/2002, de 1 de julio y, en particular, las de incineración y co-incineración de residuos, las grandes instalaciones de combustión y las instalaciones que producen dióxido de titanio, a las cuales fija un valor límite de emisión.

Con esta norma de carácter básico se deroga, tanto el Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos como el Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.

Como aspectos más relevantes de este Reglamento pueden destacarse:

I.- Se establece una serie de novedades referentes a la Autorización Ambiental Integrada (AAI) y al procedimiento de modificación sustancial y revisión de la misma.

Como sabemos, el desarrollo de la actividad de las instalaciones incluidas en el Anexo I de la Ley 16/2002, viene supeditada a la obtención de una AAI, la cual recogerá los condicionantes ambientales que deberán tenerse en cuenta para el ejercicio de la misma. En aras a un mayor control ambiental, el art. 6 del Reglamento de emisiones amplía el alcance de la AAI, incluyendo cualquier otra actividad que se desarrolle en el lugar del emplazamiento de la instalación siempre que ésta guarde una relación de índole técnica y pueda tener repercusiones sobre las emisiones y la contaminación que se vaya a ocasionar.

Siendo que la todas las instalaciones cuya actividad coincide con lo expuesto en el párrafo anterior deben disponer de una AAI en vigor, el procedimiento que se fije para su obtención o modificación, jugará un papel importante a la hora de determinar la viabilidad de una instalación. Cabe destacar que, hasta la fecha, cuando una instalación realizaba cualquier actuación que requiriese modificar la AAI original, debía iniciar prácticamente un nuevo procedimiento con todos sus trámites.

Consciente de ello, se establece un procedimiento simplificado tanto para la modificación de la AAI, como para su revisión, reduciendo el plazo de nueve a seis meses y dispensando al titular de presentar aquella documentación referida a hechos, situaciones y demás circunstancias y características técnicas de la instalación, del proceso productivo y del lugar del emplazamiento, que ya hubiera sido aportada al órgano competente con motivo de la solicitud de autorización original.

A tal efecto, el art. 14 del Reglamento señala con mayor precisión los criterios a tener en cuenta para calificar una modificación como “sustancial”, considerando con carácter general que se produce tal modificación cuando, en condiciones normales de funcionamiento, se pretenda introducir un cambio no previsto en la AAI originalmente otorgada, que afecte a las características, a los procesos productivos, al funcionamiento o a la extensión de la instalación, que represente una mayor incidencia sobre la seguridad, la salud de las personas y el medio ambiente.

Además, dicho precepto enumera una serie de criterios con carácter “no limitativo” a tener en cuenta para considerar la modificación como sustancial o no. No obstante, el órgano competente para otorgar la AAI podrá fijar criterios más restrictivos atendiendo al caso concreto.

Por otra parte, para el caso de que sea necesaria la revisión de oficio de la AAI, de conformidad con el art. 25 de la Ley 16/2002, el órgano competente solicitará con a los órganos que deban pronunciarse en relación con las diferentes materias ambientales de su competencia que indiquen la documentación que estimen necesaria revisar a fin de ser requerida por el titular de la instalación. A continuación se seguirá el mismo procedimiento simplificado previsto para las modificaciones sustanciales.

II.- El Reglamento potencia la tramitación electrónica.

Efectivamente, el artículo 4 del citado Reglamento potencia la tramitación electrónica de las obligaciones de información que deben cumplir los titulares de las instalaciones y de los procedimientos, haciendo un llamamiento a las Administraciones Públicas para que habiliten los medios necesarios que hagan efectiva esta vía. No obstante, no deja claro qué medios pondrá la Administración a favor del administrado.

III.- Se fijan criterios más restrictivos de control de emisiones y se crea la figura del inspector ambiental.

La figura del inspector ambiental viene representada por un funcionario público con la condición de autoridad que podrá ir acompañado de asesores técnicos al momento de realizar las labores inspectoras propias de su puesto.

Estas labores de inspección se centrarán fundamentalmente en el análisis de toda la gama de efectos ambientales relevantes de la instalación objeto de examen a fin de que la instalación cumpla con las exigencias ambientales que sobre ella pesen.

Los órganos competentes para realizar las tareas de inspección contarán con un sistema de inspección ambiental y todas las instalaciones estarán cubiertas por un plan y programa, revisado periódicamente. Además, el citado reglamento prevé la obligación al titular de una instalación de permitir el acceso (aun sin previo aviso) a los inspectores ambientales, así como de prestar la colaboración necesaria y asistencia para la realización de toma de muestras o prácticas de cualquier medio de prueba.

Después de cada visita in situ, los órganos competentes elaborarán un informe en virtud del cual quede plasmado el grado de cumplimiento de la AAI de la instalación, así como cualquier ulterior actuación que fuera necesaria, cuestión de gran importancia, habida cuenta que la inobservancia de las medidas ambientales requeridas podría derivar en la apertura de un procedimiento sancionador.

IV.- Nueva medida de cese temporal en la actividad.

En el caso de que una instalación incumpla sus obligaciones ambientales, podrá acordarse el cese temporal de la actividad, cuyo plazo máximo será el de dos años. En cualquier caso, la instalación podrá reanudar la actividad si cumple con las condiciones establecidas en su AAI, previa comunicación al órgano competente.

No obstante, si transcurridos dos años, la actividad no se hubiese reanudado, cuando la instalación lleve a cabo varias actividades y el cese no afecte a todas, se tramitará una modificación sustancial de la AAI. Si, por el contrario, el cese temporal afecta a todas, se procederá al cierre de la instalación. Importante destacar, que si una misma AAI engloba varias instalaciones el cierre no afecta a aquéllas cuya actividad esté cumpliendo con sus obligaciones medioambientales.

Visto lo anterior, y la intención del legislador tanto a nivel comunitario como estatal y autonómico, de regular aquéllos aspectos de trascendencia ambiental conviene estar alerta de cuantas novedades en esta materia vayan surgiendo, más cuando se trata de cuestiones que afectan aproximadamente a unas 6.000 instalaciones en nuestro país.

Bárbara Morales Quintero

Abogada.

PLLC-ABOGADOS