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Nueva Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, publicada en el BOE nº 312, de 30 de diciembre de 2013, supone una reformulación de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local, que tiene como objetivo redefinir el completo estatuto jurídico de la Administración Local, de manera que responda al principio de estabilidad presupuestaria consagrado en el artículo 135 de la Constitución Española.

Esta Ley es de aplicación a todas las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de sus competencias exclusivas en materia de régimen local asumidas en sus Estatutos de Autonomía. Se aplicará respetando la organización comarcal en aquellas Comunidades Autónomas cuyos Estatutos de Autonomía tengan atribuida expresamente la gestión de servicios supramunicipales.

Se prevén modalidades específicas de aplicación para las Comunidades Autónomas del País Vasco, Navarra y Aragón, para las ciudades de Madrid y Barcelona y para las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En cuanto a la aplicación de esta Ley a los Cabildos Insulares Canarios y de las Islas Baleares, esta se realizará en los términos previstos en su legislación específica y con estricta sujeción a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Según reza el preámbulo de la misma Ley, los objetivos que se persiguen con la aprobación de la misma son: clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las competencias de otras Administraciones de forma que se haga efectivo el principio «una Administración, una competencia», racionalizar la estructura organizativa de la Administración Local de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera, garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso y favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas.

1. Clarificación de las competencias municipales. Inspirada en el principio «una Administración, una competencia», esta clarificación se lleva a cabo definiendo las competencias que corresponden a las Administraciones Locales, de forma que queden diferenciadas de las competencias autonómicas y estatales, por lo que en cierta medida se viene a limitar o, en todo caso, a controlar la actuación y organización de las Administraciones Locales.

Así, para delimitar el ámbito de actuación de los municipios, se lleva a cabo una diferenciación de competencias, de forma que la nueva la Ley 27/2013:

A. Enumera, en el apartado ocho de su artículo primero, un listado de materias sobre las que los municipios han de ejercer, en todo caso, competencias propias, estableciéndose una reserva formal de Ley que evaluará la conveniencia de la implantación de servicios locales, conforme a los principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera.

En primer lugar, la asunción de competencias por parte de las Entidades Locales se efectuará de entre las que les otorga la Ley, y vendrá siempre acompañada de una adecuada dotación presupuestaria. De esta forma, sólo podrán asumir competencias distintas de las propias o de las que se les atribuyan por delegación cuando éstas no pongan en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública.

En segundo lugar, la delegación a los municipios de competencias estatales o autonómicas no será superior a cinco años, reservándose la Administración que delega los mecanismos de control correspondientes.

B. Refuerza el papel de las Diputaciones Provinciales, Cabildos, Consejos insulares o entidades equivalentes, encargando a dichos órganos la coordinación de la prestación de ciertos servicios en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes, estableciéndose una tutela financiera por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que decidirá, en última instancia, la forma en que dichos servicios son prestados.

C. Fomenta la fusión voluntaria de municipios, favoreciendo estas fusiones a través de medidas de respaldo, como una mejor financiación para estos municipios, o su preferencia en la asignación de planes de cooperación local y subvenciones. Además, se admite que los municipios fusionados conserven su denominación y su identidad territorial, aunque se extinga su personalidad jurídica anterior.

D. Regula el régimen de las entidades instrumentales de las administraciones locales, estableciendo una racionalización de sus órganos de gobierno y una ordenación responsable de las retribuciones del personal a su servicio, regulándose el régimen retributivo de los miembros de las Corporaciones Locales, y limitándose el número de cargos públicos de las Entidades Locales con dedicación exclusiva.

E. Se prohíbe la creación de entidades instrumentales de segundo nivel, que son unidades controladas por otras que, a su vez, están controladas por las Entidades Locales. Esta prohibición obliga a que aquellas existentes a la entrada en vigor de la norma sean disueltas en el plazo previsto.

2. Racionalización de la estructura organizativa de la Administración local de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera. En este sentido, la nueva norma establece medidas de integración coordinada de servicios que deberán figurar en los planes económico-financieros de las Entidades Locales.

La Ley obliga a las entidades locales a que determinen los costes efectivos que suponen los servicios que prestan, de acuerdo con criterios comunes, y a que estos datos sean remitidos al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su publicación.

3. Garantía de un control financiero y presupuestario más riguroso. La nueva norma, para garantizar este control que responde a los principios de estabilidad presupuestaria y eficiencia, refuerza el papel de la función interventora en las Entidades Locales.

Así, a través de la participación de la Intervención General de la Administración del Estado, se posibilita la aplicación generalizada de técnicas, como la auditoría en sus diversas vertientes, a las Entidades Locales en términos homogéneos a los desarrollados en otros ámbitos del sector público.

En este sentido, la nueva norma establece un mecanismo sancionador de las corporaciones locales que incumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria que figuren en sus planes económico-financieros. Algunas de estas medidas sancionadoras son: la supresión de las competencias distintas de las propias que la entidad ejerza y las ejercidas por delegación; la propuesta de fusión con un municipio colindante de la misma provincia; o incluso la desaparición de las entidades de ámbito territorial inferior al municipio que incumplan el objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública, o del periodo medio de pago a proveedores establecido en la normativa de morosidad.

Además, en cuanto a los funcionarios con habilitación de carácter nacional que prestan servicios en Entidades Locales, corresponderá al Estado su selección, formación y habilitación, así como la potestad sancionadora en los casos de las infracciones más graves.

4. Favorecimiento de la iniciativa económica privada para evitar intervenciones administrativas desproporcionadas. En cumplimiento de los mencionados principios de eficacia y estabilidad presupuestaria, esta norma introduce una limitación de las autorizaciones administrativas que supongan el inicio de una actividad económica, de forma que sólo se admitirán aquellas cuya necesidad y proporcionalidad queden claramente justificadas.

Así, los Entes Locales podrán ejercer la iniciativa pública para el desarrollo de actividades económicas siempre que se pruebe, mediante un análisis de mercado, la rentabilidad y los posibles efectos de la actividad local sobre la concurrencia empresarial, dificultando así la existencia de monopolios municipales.

Saray Romero Roca

Abogada

PLLC-ABOGADOS