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Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios

Se ha publicado en el BOE de 28 de marzo de 2014 la Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

Mediante la citada ley se procede a modificar el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, a fin de transponer al derecho interno la Directiva 2011/83/UE.

Dicha directiva procede a derogar la normativa europea vigente sobre la protección de los consumidores en los contratos celebrados a distancia y los contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles, estableciendo un nuevo marco legal en esta materia, al tiempo que modifica la normativa europea sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores y sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo.

Como especial novedad se modifican los conceptos de consumidor/usuario y empresario.

En este sentido, el art. 3 de la Ley General de la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (LGDCU), recoge una nueva definición de consumidor y usuario entendiendo por tales, aquéllas personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión. También son consumidores a efectos de la citada norma las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresaria

En cuanto al concepto de empresario, queda definido en su art. 4 como toda persona física o jurídica, ya sea privada o pública, que actúe, incluso a través de otra persona en su nombre o siguiendo sus instrucciones, con un propósito relacionado con su actividad comercial, empresa, oficio o profesión.

La nueva ley amplía los requisitos de información precontractual exigibles en los contratos celebrados con consumidores y usuarios y establece ciertas modificaciones en los contratos a distancia y celebrados fuera del establecimiento.

En los contratos a distancia, se adaptan los requisitos de información teniendo en cuenta ciertas limitaciones técnicas como las limitaciones de números de caracteres en determinadas dispositivos o anuncios de ventas televisivos.

Por otro lado, la ley abarca la contratación telefónica de bienes y servicios, obligando al consumidor a dar su consentimiento por escrito y exige que los sitios web de comercio indiquen de forma clara y legible, si se aplica alguna restricción de suministro y cuáles son las
modalidades de pago que se aceptan-

Se incorpora una nueva definición de “contrato celebrado fuera del establecimiento mercantil” y señala qué se entiende por “establecimiento mercantil”.

Asimismo,  se regula de una forma más amplia el derecho de desistimiento en los contratos a distancia y los contratos celebrados fuera del establecimiento, incorporando un formulario normalizado al respecto que el consumidor y usuario podrá utilizar opcionalmente. A tal efecto, se amplía el plazo para poder ejercer dicho desistimiento, de 7 días hábiles a 14 días naturales sin indicar el motivo o 12 meses en el caso de que no se hubiera informado al consumidor que puede ejercer este derecho.

Bárbara Morales Quintero

Abogada

PLLC-ABOGADOS