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La SPA vuelve a ser condenada por dejar de pagar las rentas a sus caseros tras su disolución

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Jorge Salido Cobo | Madrid

Actualizado martes 18/12/2012 09:25 horas

El enredo judicial en el que está metida la extinguida Sociedad Pública de Alquiler (SPA) suma un nuevo capítulo a su historial. Y un nuevo capítulo negativo para sus intereses y positivo para los de un particular que le cedió la gestión del arrendamiento de su casa. La Audiencia Provincial de Valencia ha desestimado el recurso interpuesto por la sociedad estatal contra la sentencia de un juzgado de primera instancia valenciano que le obligaba a seguir pagando las rentas a sus caseros pese a su disolución. [Pdf: Lea la sentencia completa]

La SPA había recurrido el auto inicial en parte, en el punto que le obligaba a seguir abonando el contrato aunque hubiera sido suprimida. En concreto, argumentaba que la cláusula tercera del contrato tipo de intermediación y gestión de la vivienda prevé la disolución como causa de extinción del contrato. «El presente contrato comenzará a surtir efectos desde la fecha de entrada en vigor del contrato de arrendamiento y tendrá una duración de cinco años, prorrogables por voluntad de las partes y en los términos que pacte, o, en su defecto, hasta que la Sociedad Pública de Alquiler SA se disuelva», dice tal punto.

Apuntaba que la cláusula era ‘voluntariamente pactada por las partes’

Según la Sociedad, la disolución se produjo el 27 de abril de 2012 mediante escritura pública y, desde entonces, se debe entender el contrato de intermediación y gestión como extinguido. También alegabaen su recurso que se trata de unacláusula «pactada voluntariamente por las partes» y, en último caso, que la falta de recursos económicos le hacía imposible seguir pagando las rentas.

Ante esta argumentación, Pedro Llinares, socio fundador de Pllc-Abogados y letrado que lleva la citada demanda, presentó un escrito de oposición al recurso de apelación. En este documento indicó que, en su opinión, «queda claro que la disolución de la SPA actúa como límite temporal de la prórroga en caso de que no se haya pactado al respecto, pero no sobre el plazo de duración inicial, que es claramente de cinco años». «Si así fuera», continúa, «ello supondría supeditar la vigencia del contrato (y su cumplimiento) a la disolución de la SPA y, por lo tanto, al arbitrio de una sola de las partes, siendo esto contrario a lo dispuesto en el artículo 1.256 del Código Civil».

‘El apartado de la duración es claro tras una interpretación lógica y literal: 5 años’

Llinares niega, como dice la Sociedad, que la cláusula haya sido pactada voluntariamente por las partes. «La SPA emplea el mismo contrato tipo siempre de modo que las cláusulas contenidas en él las redacta e impone de manera unilateral, mientras que la otra parte se limita tan sólo a aceptar o rechazar el contrato en su integridad sin poder modificarlas», critica.

Ante este conflicto, la Audiencia Provincial de Valencia ha dado, finalmente, la razón al demandante apuntando que «la cláusula de duración es clara tras una interpretación lógica y literal de la misma»: «La duración inicial del contrato era de cinco años» […], con posibles prórrogas o en su defecto hasta la disolución de la SPA, pero «la disolución de la Sociedad sólo puede ser causa de extinción en supuestos en los que se hubiera realizado alguna prórroga», se puede leer en la sentencia.

En cuanto a la imposibilidad de cumplimiento del contrato por su disposición, la Sala ha resuelto: «Nadie pone en duda que la Sociedad disuelta conserve la personalidad jurídica y que ésta se mantenga durante el periodo de liquidación hasta que se produzca la extinción y, entre tanto, como presupuesto de actuación deberá hacer frente, en la medida que sea posible, a las obligaciones asumidas».

‘Todavía cabe recurso extraordinario ante el Tribunal Supremo’

«Esperemos que éste sea el punto y final a la historia y la SPA haga frente a los pagos que adeuda a nuestro representado. Aunque todavía cabe recurso extraordinariopor infracción procesal o de casación por interés casacional ante el Tribuna Supremo, creo que ya no recurrirán», afirma satisfecho por la sentencia Llinares. La SPA tenía vigentes a su cierre 3.700 contratos y esta nueva sentencia supone un refuerzo de la posición jurídica de aquellos que aún no han recurrido e incluso abre las puertas a que aleguen aquellos que han obtenido un pronunciamiento desfavorable en primera instancia y pretenden recurrirlo.