El Blog

Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público

La crisis económica actual ha desencadenado una serie de reformas legislativas destinadas principalmente a potenciar el crecimiento económico. El Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros centra todos sus esfuerzos en reducir la morosidad de las Administraciones Públicas y por ende, en atenuar las necesidades de financiación de las empresas.

En este contexto, el pasado 28 de diciembre de 2013, se publicó en el BOE la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, la cual pretende agilizar los procedimientos de pago a proveedores, dar certeza de las facturas pendientes de pago, así como llevar un seguimiento riguroso de la morosidad de las Administraciones Públicas y del gasto público.

Dicha ley, la cual tiene carácter básico, se aplicará a todas aquellas facturas emitidas en el marco de una relación jurídica entre proveedores de bienes y servicios y la Administración Pública. A tal efecto, se prevé un procedimiento más centralizado que incorpora el empleo de medios tecnológicos como la factura y firma electrónica. Este procedimiento, en vigor desde el 1 de enero de 2014, será obligatorio a partir del 15 de enero de 2015, veamos pues sus aspectos más relevantes:

En primer lugar, se establece la obligación a cualquier proveedor de las Administraciones Públicas que haya emitido una factura de presentarla ante un registro administrativo en el plazo de 30 días desde la fecha de prestación del servicio o entrega del bien.

Si bien todos los proveedores podrán expedir y remitir una factura electrónica, ésta será obligatoria para el caso de sociedades limitadas, anónimas, personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad española, agrupaciones  de interés económico y demás sujetos establecidos en el art. 4 de la citada ley. Para su correcta presentación, la factura electrónica deberá adecuarse a un formato específico que obliga a cada proveedor a disponer de «firma electrónica avanzada» o, en su defecto, «sello electrónico avanzado«.

En aras a potenciar este medio de facturación, la ley 25/2013 de 28 de diciembre, determina que la Administración Pública deberá disponer de un punto general de entrada de facturas electrónicas para su posterior remisión a la oficina competente encargada de su registro. Se creará un punto general de entrada para cada nivel administrativo: estatal, autonómico y local, si bien estas dos últimas podrán adherirse al punto general de entrada que proporcione el Estado.

Una vez presentada, se generará un acuse de recibo al proveedor con acreditación de fecha y hora de presentación y la posibilidad de consultar el estado de tramitación de la misma.

Cabe destacar, que la ley deja la posibilidad de excluir reglamentariamente la obligación de la factura electrónica para aquellas facturas de cantidad inferior a 5.000 euros.

En segundo lugar, se crea el registro contable de facturas al que se remitirán de forma automática aquéllas que hayan tenido entrada a través del punto general. La anotación de dicha factura generará un código de identificación y se remitirá al órgano competente para proceder al resto de actuaciones relativas al expediente de reconocimiento de la obligación.

Los órganos o unidades administrativas que tengan atribuida la función de contabilidad podrán efectuar requerimientos periódicos de actuación respecto de las facturas pendientes de pago y elaborarán un informe trimestral que permitirá controlar aquellas facturas que, transcurridos tres meses desde su anotación, no hayan tenido un reconocimiento de pago por parte del órgano competente.

Por otro lado, el Capítulo V de la ley regula: i) los efectos de la recepción de la factura electrónica, los cuales no son otros que los que establece la ley 30/1992 respecto de cualquier factura presentada ante un registro administrativo; ii) las facultades y obligaciones del órgano de control estatal o equivalente autonómico que tendrá derecho a toda la información disponible en los registros y iii) el régimen de colaboración con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

En este sentido, cabe destacar la intervención de la Agencia Estatal de Administración Tributaria como organismo que, celoso de sus intereses, recibirá de los registros contables de facturas aquella información que le permita asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los sujetos intervinientes, y además, detectar a priori cualesquiera prácticas ilegales defraudadoras del fisco.

A la vista de lo expuesto, parece claro que la Administración Pública tiende a despojarse paulatinamente de los viejos y rudimentarios procedimientos en pro de las nuevas tecnologías, y empleo de medios telemáticos que permitan un mayor control sobre la realidad de las relaciones que mantiene con sus administrados.

Siendo que la nueva ley de impulso de la factura electrónica predica lo anterior y constituye una norma de las destinadas a modernizar la Administración Pública en su conjunto, su implantación evitará, por un lado, el continuo reclamo de una factura impagada a la Administración correspondiente y, por otro, el sobrecoste que para todos nosotros supone el abonar unos intereses de demora generados como consecuencia de una mala gestión interna de la Administración.

De cualquier manera, no olvidemos que este nuevo procedimiento supone una herramienta útil para agilizar los pagos a proveedores y reducir la deuda de las Administraciones, pero que la política de pagos muchas veces no depende de su efectiva contabilización, sino de otras cuestiones que pueden vaciar de contenido la presente ley.

 

Bárbara Morales Quintero
Abogada
PLLC-ABOGADOS